Organismos piden mayor competencia en la próxima subasta de banda 5G
ASIET, GSMA y Canieti solicitaron al regulador revisar las condiciones de la licitación para favorecer el despliegue industrial en México.
Representantes de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), la GSMA y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) instaron a las autoridades mexicanas a ajustar las bases para la próxima subasta de espectro radioeléctrico 5G. Durante los encuentros recientes, los organismos expresaron que el diseño actual de la licitación requiere una revisión técnica profunda para garantizar condiciones equitativas y fomentar una competencia real en el mercado de telecomunicaciones nacional.
Los gremios señalaron que aspectos fundamentales, como los límites de acumulación de espectro y los costos derivados de los derechos de uso, deben ser analizados bajo una óptica de eficiencia económica. Según la postura de estas organizaciones, si los costos operativos resultan excesivos, se corre el riesgo de desincentivar las inversiones necesarias para que la infraestructura 5G alcance un despliegue óptimo en el sector industrial del país, el cual demanda alta conectividad y baja latencia.
La propuesta presentada por los organismos empresariales sugiere también una reevaluación integral de las garantías exigidas a los participantes y la estructura del mecanismo de puja. Argumentan que un diseño más flexible facilitaría la entrada de nuevos actores y permitiría que las empresas ya establecidas maximicen el uso de las bandas disponibles, impulsando así la digitalización de los procesos productivos en diversas regiones de México.
Estas peticiones buscan que el regulador tome en cuenta las mejores prácticas internacionales para evitar una concentración excesiva de recursos y asegurar que el espectro sea utilizado de forma eficiente. La industria confía en que, mediante un diálogo abierto con las autoridades de telecomunicaciones, se logren establecer condiciones que no solo recauden ingresos para el Estado, sino que prioricen el desarrollo tecnológico y la competitividad a largo plazo de la economía mexicana.
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