sábado, 29 de agosto de 2026
México

México recupera 5.8 millones de dólares tras venta de inmuebles ligados a García Luna

El Gobierno de México concretó la recuperación de activos mediante la enajenación de doce propiedades vinculadas a la familia Weinberg, presuntos prestanombres del exfuncionario.

Redacción Península Hoy
Foto: jornada.com.mx

El Gobierno de México informó este sábado que ha concretado la recuperación de 5.8 millones de dólares, producto de la venta de doce propiedades que estaban vinculadas a la familia Weinberg, identificada por las autoridades como parte de la red de prestanombres de Genaro García Luna. Esta acción representa un avance significativo en la estrategia del Estado mexicano para recuperar activos derivados de actos de corrupción vinculados a la administración de seguridad pública de sexenios pasados.

La enajenación de estos inmuebles, que se encontraban bajo investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y otras instancias del gobierno federal, fue posible tras los procesos legales iniciados para asegurar bienes que habrían sido adquiridos con recursos de procedencia ilícita. Las autoridades mexicanas han señalado que el dinero recuperado será reintegrado al erario público para fortalecer programas sociales y de seguridad, cumpliendo con la política de austeridad y combate a la corrupción impulsada por el Poder Ejecutivo.

El equipo jurídico del gobierno detalló que estas propiedades se localizaban en distintas zonas residenciales y comerciales de alta plusvalía. La operación de venta fue supervisada bajo los protocolos de transparencia del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, garantizando que el proceso cumpliera con la normativa vigente en materia de bienes asegurados por la Fiscalía General de la República y otras dependencias.

La estrategia gubernamental para rastrear y recuperar activos ligados a exfuncionarios bajo proceso judicial en el extranjero continúa en curso. Las autoridades han manifestado que el objetivo principal es localizar más propiedades y cuentas bancarias que sigan bajo el control de los involucrados en esta red, con el fin de resarcir el daño patrimonial causado al Estado mexicano durante los años en que operó este esquema de desvío de recursos.

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