Sheinbaum solicita informe a Lemus tras detenciones por protestas en Jalisco
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de la represión policial durante una manifestación por el acceso al agua en Jalisco y pidió cuentas al gobernador Pablo Lemus.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó formalmente al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, un informe detallado sobre los incidentes registrados durante las recientes protestas ciudadanas por la falta de agua limpia en la entidad. Durante su conferencia matutina, la mandataria federal enfatizó que el uso de la fuerza pública no debe ser la vía para resolver las demandas sociales de la población.
El pronunciamiento de la titular del Ejecutivo ocurre tras la difusión de reportes sobre detenciones de vecinos y activistas que se manifestaban en el área metropolitana de Guadalajara. La presidenta subrayó que, bajo ninguna circunstancia, su administración respalda acciones que vulneren los derechos humanos o que impliquen tácticas de represión contra ciudadanos que exigen servicios básicos esenciales.
La jefa del Estado mexicano instruyó a la Secretaría de Gobernación para mantener un canal de comunicación abierto con las autoridades estatales, con el objetivo de esclarecer la situación jurídica de las personas detenidas. Sheinbaum Pardo reiteró que la política de su gobierno prioriza el diálogo y la atención directa a los conflictos sociales, distanciándose de las prácticas de confrontación que han sido denunciadas por diversos grupos civiles en el estado de Jalisco.
Por su parte, el gobierno estatal ha señalado que se encuentra revisando las actuaciones de los elementos de seguridad involucrados en los eventos. La solicitud de la Presidencia busca garantizar que se respete el derecho a la libre manifestación y que las autoridades locales expliquen las razones detrás de las actuaciones policiales que derivaron en las capturas reportadas por los medios locales.
Finalmente, la mandataria hizo un llamado a las autoridades estatales a privilegiar la resolución pacífica de las demandas ciudadanas relacionadas con el suministro de agua y la infraestructura urbana. El gobierno federal mantendrá el seguimiento puntual sobre el estado de salud y la situación legal de los ciudadanos involucrados, exigiendo transparencia total en los procesos administrativos abiertos a raíz de este conflicto social.
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