FGR vincula a Ángel Aguirre Rivero por destrucción de videos en Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República (FGR) formalizó este viernes una acusación contra Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por su presunta responsabilidad en la destrucción deliberada de material videográfico relacionado con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Según las investigaciones presentadas por el Ministerio Público Federal, existen indicios de que el exmandatario habría ordenado la eliminación de registros de cámaras de seguridad que documentaban los movimientos de las fuerzas de seguridad durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

El expediente de la FGR sostiene que la supresión de estas evidencias fue un acto sistemático para obstruir la justicia y ocultar la participación de autoridades locales en los hechos que derivaron en la desaparición de los jóvenes. Los fiscales señalan que la destrucción de los videos impidió, en su momento, reconstruir la ruta crítica de los vehículos oficiales y las detenciones realizadas por policías municipales bajo mando directo de las autoridades estatales de aquel entonces.

La defensa legal del exgobernador ha calificado las acusaciones como una persecución con tintes políticos y ha anunciado que presentará recursos legales ante el Poder Judicial para refutar las pruebas presentadas por la Fiscalía. Por su parte, los representantes de las familias de los normalistas han exigido que este proceso se lleve a cabo con total transparencia y que se llegue a la verdad sobre el paradero de los estudiantes, independientemente de los cargos públicos que hayan ostentado los involucrados.

Este desarrollo judicial ocurre en un momento crítico para las investigaciones sobre Ayotzinapa, mientras la Secretaría de Gobernación y la Comisión para la Verdad continúan trabajando en la localización de los jóvenes. La FGR ha reiterado que el caso sigue abierto y que se están agotando todas las líneas de investigación para sancionar a cualquier servidor público que haya colaborado en la ocultación de información vital durante la última década.