Víctimas del caso Libra apelan exclusión y señalan prejuzgamiento judicial
Cuatro damnificados impugnaron la resolución del juez Marcelo Martínez De Giorgi, argumentando que el magistrado desestimó pruebas clave y anticipó conclusiones sobre el expediente.
Un grupo de cuatro víctimas vinculadas al denominado caso Libra presentó formalmente una apelación contra la resolución judicial que los excluyó de su calidad de querellantes en la causa. Los afectados sostienen que la decisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi vulnera sus derechos procesales al impedirles el acceso pleno a la investigación y la posibilidad de aportar elementos probatorios para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
En el escrito presentado ante las instancias superiores, la representación legal de los demandantes cuestionó severamente el desempeño del magistrado durante la instrucción del expediente. Según argumentan, el juez habría desconocido pruebas documentales y testimoniales que ya habían sido debidamente incorporadas al proceso, lo que a su juicio demuestra una falta de valoración objetiva sobre la gravedad de las denuncias formuladas.
Los recurrentes enfatizaron que el actuar del juzgado sugiere un prejuzgamiento sobre el fondo del asunto. De acuerdo con la postura expresada por el equipo jurídico de las víctimas, el magistrado habría anticipado una conclusión desfavorable para los intereses de los damnificados antes de concluir con las diligencias necesarias, lo que comprometería la imparcialidad requerida en un proceso de esta naturaleza.
La apelación busca que el tribunal superior revise el criterio utilizado por el juzgado para restringir la participación de los ciudadanos en la causa. Los afectados solicitaron que se revoque la medida de exclusión y se garantice el derecho de las víctimas a participar activamente en el seguimiento de la investigación, permitiendo así una fiscalización adecuada sobre el avance de las pesquisas.
El caso continúa bajo el escrutinio de las partes involucradas, quienes mantienen su expectativa de que la justicia federal rectifique el curso del procedimiento. Mientras la impugnación sigue su trámite legal, los damnificados reiteraron su intención de continuar exigiendo transparencia y celeridad en un proceso que consideran fundamental para la reparación del daño sufrido.
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