Opacidad en datos sobre fosas clandestinas tras la desaparición del INAI

La organización Artículo 19 informó este jueves que la disponibilidad de datos sobre fosas clandestinas en México ha sufrido un retroceso considerable durante el periodo 2024-2025. Este fenómeno se ha agudizado tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dejando a las familias de personas desaparecidas sin mecanismos claros para solicitar información oficial a las dependencias gubernamentales.

El reporte detalla que, sin la supervisión del organismo autónomo, las solicitudes de información dirigidas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a las fiscalías estatales han enfrentado mayores trabas administrativas. La falta de una instancia centralizada que obligue a las autoridades a sistematizar y publicar estos hallazgos impide que la sociedad civil conozca la magnitud real de la crisis forense que atraviesa el país.

Especialistas de la organización señalan que el acceso a registros sobre sitios de inhumación ilegal es fundamental para garantizar el derecho a la verdad y la justicia. Actualmente, los colectivos de búsqueda han reportado que las respuestas recibidas a través de las plataformas vigentes son incompletas, carecen de metodología clara o simplemente son clasificadas como reservadas bajo criterios de seguridad nacional.

La situación genera incertidumbre sobre la actualización de las bases de datos federales. Mientras las familias continúan con labores de búsqueda en diversos estados del territorio nacional, la ausencia de una política de transparencia robusta complica la identificación de restos y la coordinación entre las autoridades periciales y los servicios forenses estatales.

Ante este escenario, Artículo 19 ha hecho un llamado para que se establezcan nuevos protocolos que garanticen la máxima publicidad de estos datos. La organización sostiene que, independientemente de la reestructuración de los órganos de transparencia, el Estado mexicano mantiene la obligación legal de rendir cuentas sobre las violaciones graves a los derechos humanos y la localización de personas no localizadas.