Morenistas respaldan licencia de Rubén Rocha Moya ante crisis política

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó una licencia temporal a su cargo este domingo 23 de agosto de 2026, decisión que ha generado diversas reacciones dentro de las filas del partido Morena. El mandatario estatal argumentó que su separación del puesto busca facilitar los procesos de investigación y gobernabilidad en un momento de tensión social y desafíos de seguridad en la región. Legisladores federales señalaron que esta determinación responde a la necesidad de mantener la estabilidad institucional en el estado.

Ignacio Mier, destacado integrante del movimiento, declaró que con esta decisión el gobernador sinaloense busca honrar su trayectoria política y profesional. Según el equipo de comunicación del legislador, la medida es vista como un ejercicio de responsabilidad que pretende evitar que las críticas a su administración sigan afectando la percepción de la Cuarta Transformación. Mier enfatizó que el objetivo primordial es permitir que las autoridades competentes realicen sus labores sin que la figura del gobernador sea un punto de fricción innecesario.

Por su parte, diversas voces dentro del Congreso de la Unión han subrayado que esta licencia debe ser interpretada como un paso necesario para la normalización de la vida pública en Sinaloa. Representantes de la bancada oficialista sostuvieron que la prioridad es la seguridad de los ciudadanos y el fortalecimiento de las instituciones estatales. Se espera que en los próximos días se defina el procedimiento legislativo para designar a quien ocupará el despacho de manera interina, asegurando la continuidad de los programas de bienestar y las acciones de seguridad en coordinación con la Federación.

La oposición, sin embargo, ha solicitado mayor transparencia sobre los motivos que llevaron a esta resolución, cuestionando la gestión estatal en los meses previos. Ante este panorama, los grupos parlamentarios de Morena han reiterado que mantendrán su respaldo a la institucionalidad y al orden constitucional vigente. Se prevé que el proceso de transición en el gobierno estatal siga los cauces legales establecidos en la Constitución local, garantizando que los servicios públicos y la atención a la población no sufran interrupciones durante este periodo de cambios administrativos.