Marcha por el agua en Guadalajara termina en disturbios y 39 detenidos

Una manifestación en Guadalajara para exigir mejores políticas de gestión hídrica concluyó este lunes en un saldo violento, con 39 personas detenidas por elementos de seguridad. El evento, que comenzó como una protesta pacífica en el centro de la ciudad, escaló hasta registrar enfrentamientos directos entre manifestantes y las fuerzas del orden público en las inmediaciones de edificios gubernamentales.

El reporte oficial de las autoridades locales indica que 28 elementos de seguridad resultaron lesionados durante la contención de los disturbios. Entre los heridos, dos oficiales presentan un estado de salud delicado: uno de ellos sufrió fracturas de cráneo, pómulo y nariz, mientras que otro perdió un dedo tras los altercados registrados durante el despliegue de gases lacrimógenos.

Colectivos sociales que participaron en la movilización denunciaron la supuesta desaparición de algunos de sus integrantes durante la dispersión del contingente. Hasta el momento, las autoridades estatales no han confirmado el paradero de estas personas, aunque la Fiscalía del Estado mantiene un operativo de revisión en las instalaciones donde se encuentran los detenidos para verificar su identidad y situación jurídica.

La tensión en la capital de Jalisco se ha mantenido elevada en los últimos meses debido a las preocupaciones vecinales sobre el suministro y la calidad del agua en diversas colonias. Organizaciones civiles han solicitado mesas de diálogo con el gobierno estatal para revisar los planes de infraestructura hidráulica, argumentando que las medidas actuales son insuficientes frente a la demanda de la zona metropolitana.

Ante los hechos ocurridos, el gobierno municipal ha hecho un llamado a la calma y ha propuesto establecer un canal de comunicación institucional con los representantes de las organizaciones ciudadanas. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha anunciado el inicio de una investigación de oficio para documentar el uso de la fuerza pública y garantizar que los derechos de los detenidos sean respetados conforme a la ley.