Liberan a hombre acusado de abuso sexual por error de fiscalía

Esteban Ramón Delgado obtuvo su libertad este sábado 25 de julio tras permanecer en prisión preventiva por una acusación de abuso sexual contra sus hijas. La excarcelación ocurrió debido a una omisión procesal por parte de la fiscalía local, la cual no presentó en el tiempo legal estipulado la solicitud de prórroga para mantener la medida cautelar, permitiendo que el plazo máximo de detención sin sentencia venciera.

El caso ha generado indignación entre los familiares de las víctimas y colectivos sociales, quienes señalan negligencia en la actuación de los funcionarios encargados de la investigación. De acuerdo con fuentes judiciales, el juez de control no tuvo otra alternativa legal más que ordenar la inmediata liberación del imputado al constatarse que los términos procesales establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales habían sido superados sin una petición formal de extensión.

Ante este escenario, la fiscalía ha iniciado una investigación interna para deslindar responsabilidades administrativas sobre los agentes del Ministerio Público que llevaban el caso. Se busca determinar si la omisión fue producto de un descuido humano, una saturación de trabajo en la oficina local o una falla en el seguimiento de las fechas límite para la presentación de pruebas y solicitudes cautelares ante el tribunal.

Por su parte, los representantes legales de las víctimas han manifestado que buscarán medidas de protección urgentes para salvaguardar la integridad de las menores involucradas ante la salida del imputado. Asimismo, han solicitado a las autoridades estatales que se garantice el seguimiento del proceso penal para que, a pesar de la libertad del acusado, se continúe con el juicio hasta obtener una sentencia definitiva conforme a derecho.

Este suceso pone nuevamente en el centro del debate la eficacia del sistema de justicia penal en México y la capacitación de los operadores jurídicos. Especialistas en derecho penal han señalado que la correcta gestión de los plazos de prisión preventiva es fundamental para evitar la impunidad en delitos de alto impacto, advirtiendo que errores técnicos como este debilitan la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia.