IPN y Canal Once presentan denuncia ante FGR por ocupación

Autoridades del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del medio público Canal Once presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras la ocupación de sus instalaciones, la cual persiste desde el pasado 21 de mayo. Según lo asentado en la querella, el ingreso a los recintos se realizó mediante el uso de la fuerza, afectando las actividades administrativas y operativas de ambas instituciones educativas y de difusión cultural.

La denuncia, integrada ante el Ministerio Público Federal, solicita la intervención de las autoridades para recuperar el control de los inmuebles y garantizar la integridad del personal que labora en dichas áreas. El documento detalla que, desde el inicio del conflicto, se han visto interrumpidas las labores sustantivas del canal televisivo y de diversas dependencias administrativas del instituto, lo que ha generado una situación de incertidumbre para la comunidad politécnica y el equipo de producción del medio público.

Representantes de la institución educativa señalaron que han buscado vías de diálogo desde que inició el conflicto, aunque el proceso ha sido obstaculizado por la negativa de los grupos que mantienen el control de los espacios. La administración del IPN ha reiterado que el objetivo principal es retomar las actividades regulares bajo un ambiente de legalidad y respeto a los reglamentos internos que rigen a la casa de estudios.

Por su parte, las autoridades de Canal Once informaron que el servicio de transmisión y los contenidos programados han enfrentado complicaciones técnicas y logísticas derivadas de la falta de acceso a los equipos y áreas de trabajo. La gestión del medio público ha enfatizado que su prioridad es salvaguardar los activos de la nación y asegurar la continuidad de su labor informativa y educativa para la audiencia mexicana.

La Fiscalía General de la República deberá ahora integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar las responsabilidades legales derivadas de los hechos. Mientras tanto, las autoridades universitarias han solicitado a los involucrados cesar las acciones que impiden el funcionamiento de las instalaciones, en espera de que las instancias judiciales determinen las medidas necesarias para resolver la ocupación de manera pacífica.