Gómez Urrutia exige investigar presunta colusión entre empresas mineras y criminalidad
El senador Napoleón Gómez Urrutia denunció la falta de investigaciones sobre la supuesta complicidad entre compañías mineras y grupos delictivos en diversas regiones del país.
El senador Napoleón Gómez Urrutia demandó este sábado a las autoridades federales iniciar una investigación exhaustiva sobre la presunta colusión entre empresas mineras y organizaciones del crimen organizado que operan en diversas zonas del territorio nacional. El legislador señaló que, a pesar de haber presentado pruebas documentales ante las instancias correspondientes, no ha existido una respuesta oficial ni avances significativos en las indagatorias, lo que mantiene en estado de vulnerabilidad a los trabajadores del sector.
Durante su posicionamiento, el dirigente sindical enfatizó que la falta de supervisión en las zonas de extracción minera ha permitido que intereses ajenos a la ley intervengan en la operación de los yacimientos. Según el senador, este fenómeno no solo pone en riesgo la seguridad física de los empleados, sino que también distorsiona el clima laboral y la estabilidad de las comunidades locales donde se asientan estas plantas industriales.
El equipo de trabajo del legislador subrayó que la solicitud se centra en que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General de la República, realice una revisión profunda sobre las denuncias recibidas en los últimos meses. Se busca que las autoridades determinen si existen omisiones por parte de las empresas en sus protocolos de seguridad o si, en su caso, han sido víctimas de extorsión por parte de grupos criminales que buscan controlar las rutas de transporte y distribución de minerales.
Finalmente, Gómez Urrutia propuso que el Congreso de la Unión establezca una mesa de diálogo permanente con las secretarías involucradas para monitorear el cumplimiento de los estándares de seguridad en los centros de trabajo. El objetivo, señaló, es garantizar un entorno donde prevalezca el Estado de derecho y se proteja la integridad de los trabajadores mineros frente a cualquier presión externa que busque desestabilizar la paz social en las regiones mineras de México.
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