Gobierno mexicano analiza traslado de Fernando Farías por huachicol fiscal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este martes que su administración mantiene el seguimiento sobre el caso de Fernando Farías, quien es señalado por las autoridades federales como un actor clave en el esquema conocido como huachicol fiscal. Este ilícito, que implica la evasión de impuestos y la comercialización ilegal de hidrocarburos, ha sido identificado por el Gobierno Federal como una prioridad en la agenda de seguridad y combate a la corrupción dentro del sector energético nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina, la titular del Ejecutivo señaló que se trabaja en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República para explorar las vías legales necesarias que permitan el traslado de Farías a territorio mexicano. El objetivo, según detalló el equipo de Presidencia, es que el implicado comparezca ante los tribunales nacionales para responder por las investigaciones abiertas sobre sus operaciones en el mercado de combustibles.

Por su parte, el equipo legal que representa a Fernando Farías emitió una postura pública en la que desmiente las versiones sobre un proceso de extradición activo. Los abogados sostuvieron que, hasta el momento, no han sido notificados de ninguna solicitud formal por parte del Estado mexicano ante las autoridades extranjeras donde reside su cliente, calificando las declaraciones oficiales como especulativas respecto a la situación jurídica actual.

El Gobierno Federal ha reiterado que el combate al huachicol fiscal es un pilar fundamental para proteger los ingresos de la SHCP y la estabilidad de PEMEX. Fuentes cercanas a la administración federal indicaron que la cooperación internacional será determinante en este caso, subrayando que la política de cero impunidad se aplicará rigurosamente contra quienes afecten las finanzas públicas mediante el contrabando de energéticos.

La situación permanece bajo monitoreo de las dependencias de seguridad y justicia, las cuales mantienen abiertas las carpetas de investigación correspondientes. Se espera que en los próximos días las autoridades proporcionen mayores detalles sobre los avances en los acuerdos de colaboración jurídica necesarios para asegurar que los presuntos responsables de delitos fiscales rindan cuentas ante la justicia mexicana.