viernes, 11 de septiembre de 2026
Política

Gobierno estatal impugna ante la Suprema Corte programa de infraestructura escolar

La administración estatal ha presentado un recurso legal ante la Suprema Corte para revisar la ejecución de un plan de infraestructura escolar de 65 millones de pesos.

Redacción Península Hoy
Foto: moncloa.com

La administración estatal ha formalizado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso legal para someter a revisión el esquema de inversión para infraestructura educativa conocido como Plan Edificant. Esta acción busca esclarecer el destino y la gestión de recursos por un monto de 65 millones de pesos destinados originalmente a la rehabilitación y construcción de centros escolares en diversas localidades.

El gobierno estatal argumenta que existen irregularidades administrativas en la ejecución de este programa, el cual fue heredado de la gestión anterior. Según fuentes oficiales de la administración actual, el objetivo central de este litigio es garantizar que los fondos públicos sean ejercidos con transparencia y bajo los lineamientos de austeridad y eficiencia que marca la normativa vigente en la entidad federativa.

Por su parte, los sectores involucrados en la ejecución original del proyecto han señalado que las obras eran necesarias para atender el rezago en infraestructura básica de los planteles. Aseguran que la suspensión o revisión de estas partidas presupuestarias podría afectar directamente el calendario de mantenimiento escolar, dejando en pausa las mejoras proyectadas para las aulas y espacios deportivos de los estudiantes.

Este conflicto legal se suma a la revisión de otros programas heredados que la actual administración busca auditar exhaustivamente. Mientras la SCJN analiza el recurso, las autoridades educativas han hecho un llamado a mantener la calma, asegurando que los servicios de enseñanza no se verán interrumpidos y que se buscarán mecanismos alternativos para no detener la operatividad de los inmuebles afectados.

La resolución de la Suprema Corte determinará si el esquema de financiamiento se ajusta a las leyes de disciplina financiera o si, por el contrario, se requiere una reestructuración profunda en el manejo de los recursos destinados al fortalecimiento de la infraestructura educativa estatal.

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