Fiscalía de Oaxaca investiga a seis alcaldes por nexos delictivos

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó este martes la apertura de carpetas de investigación contra al menos seis presidentes municipales de distintas regiones de la entidad. Estas acciones legales se derivan de las indagatorias iniciadas tras los recientes hechos de violencia ocurridos en el municipio de Juchitán de Zaragoza, donde las autoridades detectaron posibles vínculos entre funcionarios locales y estructuras de la delincuencia organizada.

El fiscal general del estado informó que las líneas de investigación buscan esclarecer la posible complicidad de las autoridades municipales en la facilitación de actividades ilícitas dentro de sus demarcaciones. De acuerdo con la dependencia, los expedientes fueron integrados tras analizar diversos reportes de inteligencia y denuncias ciudadanas que alertaban sobre la presencia de grupos criminales operando con aparente tolerancia o protección de los gobiernos locales.

Estas investigaciones forman parte de una estrategia integral de seguridad coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y fuerzas federales. El objetivo principal es desarticular las redes de apoyo local que permiten que el crimen organizado mantenga influencia en la toma de decisiones municipales y en el control de ciertas actividades comerciales y de seguridad pública en la región del Istmo y otras zonas estratégicas del estado.

Aunque los nombres de los alcaldes bajo investigación se mantienen bajo reserva por el debido proceso, la Fiscalía subrayó que no habrá impunidad para ningún servidor público. Las autoridades estatales han señalado que, conforme avancen las diligencias ministeriales, se determinará si existen elementos suficientes para solicitar órdenes de aprehensión ante los jueces de control correspondientes o, en su caso, iniciar procesos de desafuero ante el Congreso del Estado.

Por su parte, el gobierno estatal ha hecho un llamado a los integrantes de los cabildos municipales para que colaboren con las autoridades ministeriales en el esclarecimiento de estos hechos. La administración local reiteró su compromiso de fortalecer el estado de derecho y garantizar que las instituciones municipales operen bajo la legalidad, evitando que cualquier grupo de presión externa interfiera en la gobernabilidad de los municipios oaxaqueños.