Exigen a la Secretaría de Gobernación mayor protección para menores víctimas

Diversas organizaciones civiles han manifestado esta semana su inconformidad ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB), exigiendo garantías plenas para que los menores de edad víctimas de delitos graves accedan a servicios de justicia gratuita. La demanda surge tras identificar fallos en la interpretación de los protocolos actuales, los cuales, según los denunciantes, dejan a la infancia en una posición de vulnerabilidad durante los procesos judiciales ante la Fiscalía General de la República.

Los representantes de los colectivos señalan que la falta de una defensa técnica especializada y sin costo contraviene los derechos fundamentales de los menores. Argumentan que el sistema actual no está logrando proteger de manera integral a quienes han sido sujetos de actos delictivos, obligando en ocasiones a las familias a cubrir gastos legales que exceden sus posibilidades económicas, lo que se traduce en una denegación de justicia por falta de recursos.

Ante esta situación, los grupos de defensa han solicitado una mesa de trabajo con las autoridades de la SEGOB para revisar los lineamientos de asistencia jurídica. La propuesta central busca la creación de un fondo o un mecanismo de defensoría pública específica para menores, que garantice su representación legal desde el momento en que se presenta la denuncia ante el Ministerio Público.

Por su parte, los integrantes de las organizaciones han subrayado que la rectificación de estas deficiencias debe ser una prioridad en la agenda de seguridad y justicia del país. Afirman que la protección de la niñez frente al delito no debe estar sujeta a la capacidad de pago, sino que debe ser un servicio garantizado por el Estado mexicano en cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos.

El llamado a las autoridades federales se mantiene vigente mientras se espera una respuesta formal sobre posibles ajustes presupuestales y normativos. La sociedad civil confía en que el diálogo permita avanzar hacia un esquema donde la justicia gratuita sea un derecho efectivo y no una aspiración para las víctimas menores de edad en el territorio nacional.