El costo económico de desmantelar instituciones públicas en México

La premisa planteada por Douglass North, Premio Nobel de Economía, sobre las causas del atraso de las naciones cobra relevancia en el México de 2026. Al analizar el funcionamiento de los Estados, resulta evidente que la solidez de las instituciones es el factor determinante para el desarrollo económico sostenible. Cuando las estructuras operativas son sustituidas o desmanteladas sin un diseño técnico que garantice su eficacia, el costo para la población suele manifestarse en servicios degradados y un aumento en la incertidumbre jurídica.

En años recientes, diversas dependencias y organismos autónomos mexicanos han enfrentado procesos de reconfiguración administrativa bajo la premisa de la austeridad y la eficiencia. Sin embargo, especialistas en políticas públicas advierten que la destrucción de capacidades técnicas —formadas durante décadas de especialización en áreas como la salud, la infraestructura y la regulación energética— compromete la capacidad del Estado para responder a crisis futuras. La experiencia histórica sugiere que reconstruir estas capacidades requiere tiempos mucho más prolongados que los necesarios para su eliminación.

Desde la perspectiva de la SHCP y organismos como el INEGI, los indicadores de crecimiento reflejan que la certidumbre es un activo intangible de alto valor. Cuando se altera el marco institucional bajo el cual operan PEMEX, la CFE o las Secretarías de Estado, el sector privado suele ajustar sus expectativas de inversión, lo que impacta directamente en la generación de empleos y en la recaudación fiscal necesaria para los programas sociales del gobierno federal.

La propuesta de diversos sectores académicos ante este escenario es fortalecer la profesionalización del servicio público de carrera en lugar de continuar con la sustitución de organismos funcionales. Se argumenta que el desarrollo nacional no depende únicamente de la voluntad política, sino de la existencia de instituciones capaces de procesar información, ejecutar presupuestos con transparencia y mantener una visión de largo plazo que trascienda los ciclos electorales.

En última instancia, el debate sobre el precio de destruir lo que funciona en México se centra en la sostenibilidad del modelo de gestión actual. Mientras el país enfrenta retos globales, la preservación de las instituciones que garantizan el orden económico y social se perfila como un requisito indispensable para evitar el estancamiento y asegurar la viabilidad del Estado mexicano en las próximas décadas.