Dictan prisión preventiva contra Adriana Magali Bárcenas por huachicol fiscal

Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista de la empresa Logística Ferroviaria Fargo, fue vinculada a proceso este lunes tras enfrentar cargos por su presunta implicación en una red de huachicol fiscal. Un juez federal dictó la medida cautelar de prisión preventiva, considerando el riesgo de sustracción de la justicia ante la gravedad de las acusaciones presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

La investigación, que ha sido desarrollada en coordinación con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el SAT, apunta a que la compañía habría facilitado operaciones financieras irregulares relacionadas con el transporte y comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita. Según los datos integrados en el expediente judicial, la estructura operativa de Logística Ferroviaria Fargo habría servido como fachada para evadir obligaciones fiscales mediante la manipulación de facturación en el traslado de combustibles.

Este caso se suma a las recientes acciones emprendidas por el Poder Judicial en el marco de la lucha contra el tráfico ilegal de hidrocarburos, un fenómeno que ha sido prioridad en la agenda de seguridad nacional. La defensa de Bárcenas Guillén ha solicitado la duplicidad del término constitucional para presentar pruebas de descargo, por lo que su situación jurídica definitiva será determinada en los próximos días por el tribunal correspondiente.

La detención de la empresaria se da en un contexto de creciente escrutinio sobre las empresas que operan en los nodos logísticos del país, donde la Guardia Nacional ha intensificado la vigilancia para evitar el trasiego de mercancías sin la debida documentación fiscal. Las autoridades federales mantienen abiertas las investigaciones para identificar a otros posibles implicados dentro de la red que operaba bajo el esquema de servicios ferroviarios.

Por el momento, la imputada permanecerá recluida en un centro penitenciario federal mientras se desahogan las diligencias ministeriales necesarias. La SHCP continúa realizando auditorías exhaustivas a los registros contables de la empresa involucrada para cuantificar el impacto económico derivado de estas operaciones ilícitas que afectan las finanzas públicas del país.