Clausuran gestorías vehiculares en Cuautla mediante operativo de seguridad federal

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este sábado que, como parte de la estrategia denominada Plan Cuautla, se llevó a cabo la clausura de diversos establecimientos dedicados a la gestión de trámites vehiculares en el municipio de Cuautla, Morelos. El operativo, ejecutado en coordinación con fuerzas de seguridad, tiene como objetivo principal desarticular espacios que, de acuerdo con las autoridades, servían como fachada para facilitar la comisión de diversos ilícitos en la región.

Durante la intervención, elementos de seguridad federal y estatal realizaron inspecciones en los locales comerciales señalados por presuntas irregularidades en su funcionamiento. La SSPC explicó que estas acciones responden a una estrategia integral diseñada para reducir los índices delictivos en el estado, enfocándose en la fiscalización de negocios que operan fuera del marco legal y que podrían estar vinculados con la alteración de documentos oficiales.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades buscan cerrar el paso a grupos delictivos que utilizan estos establecimientos para la comercialización de vehículos de procedencia ilícita o la falsificación de trámites administrativos. Los locales clausurados permanecerán bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República para determinar posibles responsabilidades penales derivas de las actividades detectadas al interior de los inmuebles.

Vecinos de la zona han reportado en los últimos meses un incremento en la presencia de actividades sospechosas en torno a estos gestores, quienes ofrecían servicios de regularización vehicular con procesos poco claros. La SSPC subrayó que este plan de intervención continuará desplegándose en diferentes puntos estratégicos del estado para restaurar el orden y la legalidad en el sector de servicios administrativos automotrices.

Finalmente, la dependencia federal hizo un llamado a la ciudadanía para realizar sus trámites únicamente a través de los canales oficiales establecidos por las secretarías estatales de movilidad. Con estas acciones, el gobierno busca prevenir que los ciudadanos sean víctimas de fraudes y evitar que la infraestructura de servicios sea aprovechada por la delincuencia organizada para legitimar bienes de origen ilegal.