Caso Rocha Moya tensa cierre de trabajos en la Comisión Permanente

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cerró este martes sus actividades con un intenso debate centrado en la situación política y de seguridad en Sinaloa, específicamente en torno a la figura del gobernador Rubén Rocha Moya. Durante la sesión, integrantes de la coalición gobernante y de la oposición intercambiaron señalamientos sobre la gestión estatal y las implicaciones que este caso tiene para la estabilidad política en la recta final del periodo legislativo.

Representantes de los partidos aliados a la Cuarta Transformación señalaron durante la jornada que el movimiento político actual no puede permitirse incurrir en las omisiones y errores que, a su juicio, provocaron la debacle electoral y política de la oposición en años recientes. El posicionamiento subraya la necesidad de mantener la cohesión interna y la transparencia como pilares para evitar el desgaste institucional ante las críticas que han surgido en el entorno del mandatario estatal.

Por su parte, legisladores de la oposición insistieron en la necesidad de que las instituciones federales, incluida la Fiscalía General de la República, profundicen en las investigaciones relacionadas con la entidad. Los congresistas argumentaron que la situación en Sinaloa requiere una atención inmediata por parte de las autoridades competentes para garantizar el estado de derecho y la tranquilidad de la población en la región.

El debate también sirvió como escenario para que las bancadas definieran sus posturas ante el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones. Mientras los aliados del gobierno federal llamaron a la unidad para consolidar sus reformas pendientes, los sectores opositores reafirmaron su intención de mantener una fiscalización rigurosa sobre el ejercicio del poder en todos los niveles de gobierno.

Al concluir los trabajos, la Comisión Permanente dejó pendiente la resolución de diversos puntos de acuerdo que deberán ser discutidos en las cámaras una vez que se retomen las actividades legislativas ordinarias. La discusión sobre el caso sinaloense permanece como uno de los temas centrales en la agenda parlamentaria, reflejando la polarización que persiste en el Congreso sobre la administración pública estatal.