Ayotzinapa cumple 12 años sin justicia ni paradero de los estudiantes

Este 28 de septiembre se cumplen 12 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero. El caso sigue vigente como una de las heridas más profundas para el sistema de justicia mexicano, manteniendo a las familias de los jóvenes en una búsqueda constante de respuestas sobre el paradero de sus hijos.

En los últimos días, organizaciones de derechos humanos y los padres de los normalistas han intensificado sus reclamos hacia las autoridades federales, señalando la existencia de documentos militares y videos borrados que, según acusan, no han sido plenamente transparentados. Amnistía Internacional ha cuestionado recientemente el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), instando a una apertura total de sus archivos para esclarecer la participación de elementos castrenses en los hechos ocurridos en 2014.

El Poder Judicial y la Fiscalía General de la República (FGR) enfrentan el escrutinio público ante la ausencia de sentencias condenatorias firmes por el delito de desaparición forzada. A lo largo de este periodo, el proceso legal ha sido calificado por diversos sectores como un invierno jurídico, donde las investigaciones se han visto obstaculizadas por la falta de coordinación entre las distintas dependencias estatales y federales involucradas en el caso.

Recientemente, el debate se ha centrado también en las responsabilidades políticas locales, con peticiones de las familias para que exfuncionarios, como el exgobernador Ángel Aguirre, enfrenten procesos judiciales prolongados. Mientras tanto, las movilizaciones en Guerrero y la Ciudad de México han recordado que la exigencia de verdad, justicia y la presentación con vida de los estudiantes sigue siendo el eje central de la agenda de derechos humanos en el país.

La administración federal mantiene el compromiso de continuar con las indagatorias a través de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa. Sin embargo, la brecha entre los avances institucionales y la exigencia de los colectivos de víctimas continúa siendo amplia, dejando un panorama de incertidumbre a 12 años de la tragedia que conmocionó a la nación.