Ariadna Montiel niega persecución política contra Ernesto Ruffo en México

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, descartó este miércoles que exista una persecución política en contra de Ernesto Ruffo Appel, tras los señalamientos vertidos por diversos sectores de la oposición. La funcionaria federal sostuvo que las acciones emprendidas por las autoridades competentes responden exclusivamente a investigaciones sobre presuntos actos ilícitos relacionados con el tráfico de combustible y no a una estrategia de represalia desde el Ejecutivo federal.

Durante una conferencia de prensa, Montiel enfatizó que las instituciones del Estado mexicano actúan bajo protocolos legales estrictos para combatir el huachicoleo. Según la secretaria, la defensa que ciertos grupos políticos han realizado sobre el caso intenta desviar la atención de los elementos presentados por las instancias judiciales, argumentando que no se debe confundir la aplicación de la ley con una supuesta venganza por diferencias ideológicas.

La postura del Gobierno de México subraya que ningún ciudadano, independientemente de su trayectoria política o cargo previo, está exento de ser investigado si existen indicios de actividades fuera del marco legal. En este sentido, la Secretaría de Bienestar hizo un llamado a permitir que la Fiscalía General de la República continúe con las indagatorias correspondientes sin presiones externas, garantizando el debido proceso para todas las partes involucradas.

Por su parte, los sectores que han denunciado la supuesta persecución sostienen que este tipo de señalamientos forman parte de una narrativa que busca desacreditar a figuras de la oposición ante la opinión pública. La tensión política se mantiene elevada mientras las autoridades judiciales analizan las pruebas presentadas en los expedientes, las cuales, según versiones oficiales, contienen vínculos directos con redes de distribución ilícita de hidrocarburos en el norte del país.

El caso se suma a una serie de procesos donde el Poder Judicial y la FGR han centrado su atención en delitos de alto impacto que afectan la seguridad energética de la nación. La administración federal reiteró que no se dará marcha atrás en la lucha contra la corrupción y el tráfico de bienes nacionales, reafirmando que el cumplimiento de la ley es la prioridad en el ejercicio de la justicia en México.