Anticorrupción busca recuperar 1.8 millones de euros por caso de corrupción
El fiscal Luis Pastor solicitó al juez Ismael Moreno localizar activos financieros vinculados a la trama de adjudicaciones irregulares de insumos sanitarios.

El fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, presentó un requerimiento formal ante el juez Ismael Moreno, titular del juzgado encargado de investigar la trama de corrupción vinculada a contratos de insumos sanitarios, conocida como el Caso Koldo. La petición busca localizar y asegurar activos financieros y bienes muebles por un valor estimado de 1.8 millones de euros, cantidad que presuntamente habría sido desviada a través de operaciones ilícitas en el marco de adjudicaciones públicas.
La solicitud se basa en la necesidad de garantizar la reparación del daño al erario público, ante la sospecha de que los fondos fueron ocultados mediante una compleja red de sociedades instrumentales. El fiscal ha advertido a la autoridad judicial que, hasta el momento, persiste un vacío informativo respecto al destino final de una parte significativa de los recursos que fueron transferidos durante la emergencia sanitaria. La fiscalía sostiene que la identificación de estos capitales es crucial para avanzar en las diligencias de recuperación de activos.
El juez Ismael Moreno deberá ahora coordinar con las instituciones financieras y las autoridades de supervisión para rastrear los movimientos bancarios que permitan localizar el dinero. Este esfuerzo se enmarca en la fase actual de la instrucción, que busca desarticular la estructura operativa de la organización implicada y determinar la responsabilidad de los diversos actores involucrados en el esquema de sobreprecios y adjudicaciones dirigidas.
La investigación continúa abierta mientras se analizan nuevos expedientes administrativos y registros contables incautados en meses anteriores. La fiscalía ha enfatizado que el proceso de localización de pruebas financieras es exhaustivo, dado que los presuntos implicados habrían utilizado esquemas de triangulación internacional para dificultar la trazabilidad del dinero. El juzgado mantiene el sigilo sobre el avance específico de los embargos preventivos para evitar la fuga de capitales adicionales.
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