Acusan embate legal para frenar a Rafael Marín en Quintana Roo

Durante este mes de julio de 2026, el equipo de campaña de Rafael Marín, fundador de Morena en Quintana Roo, denunció formalmente una serie de impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) como una estrategia jurídica infundada para frenar su postulación rumbo a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación. Los colaboradores del político señalaron que estos recursos legales e institucionales coinciden con un incremento en su posicionamiento y simpatía entre la ciudadanía de la entidad del sureste mexicano.

La defensa legal de Marín sostuvo que las acusaciones, las cuales se centran en presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, carecen de sustento jurídico real y buscan descalificarlo de la contienda interna por vías administrativas para favorecer a otros aspirantes locales. De acuerdo con los representantes del aspirante, las asambleas informativas y reuniones públicas realizadas se han apegado estrictamente a los tiempos y lineamientos establecidos tanto por el Instituto Nacional Electoral (INE) como por los estatutos internos de su partido político, una postura que afirman ha sido respaldada por análisis preliminares de diversos especialistas en materia electoral y exconsejeros de primer nivel.

Fuentes cercanas al proceso interno en Quintana Roo indicaron que detrás de estos juicios ante el tribunal local existen intereses políticos y económicos de grupos específicos que buscan descarrilar el proceso de selección. El equipo del fundador morenista apuntó de manera directa hacia liderazgos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la entidad, señalando de manera particular la presunta influencia de figuras como Jorge Emilio González Martínez en la promoción de estas impugnaciones.

Los allegados al político quintanarroense calificaron los recursos ante el TEQROO como parte de una campaña de desprestigio sistemática que busca resolver en tribunales lo que no se puede contener en el terreno de la simpatía popular. Pese a las presiones jurídicas, la representación de Marín confirmó que mantendrán el desarrollo de sus actividades informativas programadas en el estado, bajo la premisa de que las autoridades electorales locales desestimarán las quejas debido a la falta de pruebas sólidas y de sustento legal en cada una de las carpetas presentadas.

Este escenario de tensión jurídica se presenta en un momento clave para la definición de las candidaturas de la coalición gobernante en el estado. El equipo de Rafael Marín reiteró su llamado a mantener la unidad del movimiento y a evitar el uso de instituciones jurisdiccionales como herramientas de confrontación política interna, asegurando que la militancia del estado merece un proceso limpio, transparente y apegado a la legalidad democrática vigente.