Absuelven a exfuncionaria de salud por retraso en vacunación a fuerzas públicas

La sección sexta de la Audiencia de Barcelona ha dictado una sentencia absolutoria en favor de la exconsejera de Salud, quien enfrentaba acusaciones por un presunto delito de prevaricación administrativa. El proceso judicial se centraba en las decisiones tomadas durante la gestión de la pandemia, específicamente respecto a la calendarización y el retraso en la aplicación de las dosis de refuerzo destinadas a los integrantes de los cuerpos policiales. Según el fallo judicial, no se acreditaron los elementos necesarios para configurar el tipo penal de prevaricación, desestimando así las querellas presentadas en su momento por los representantes de los agentes afectados.

El tribunal consideró que las determinaciones adoptadas por la funcionaria, aunque pudieron ser objeto de debate técnico y administrativo, no constituyeron una actuación arbitraria ni ilegal que buscara perjudicar de manera deliberada a las fuerzas de seguridad. Los magistrados subrayaron que la toma de decisiones en contextos de emergencia sanitaria conlleva una complejidad operativa que no siempre puede equipararse con una conducta delictiva, incluso cuando los resultados en la distribución de biológicos no cumplen con las expectativas de los grupos prioritarios.

Esta resolución marca un precedente en el análisis jurídico de las responsabilidades de los servidores públicos durante la crisis sanitaria global. Aunque la Fiscalía había solicitado sanciones severas por la omisión en el trato igualitario frente a otros colectivos vacunados con mayor celeridad, la defensa logró demostrar que la logística se vio limitada por factores externos y por las fluctuaciones en el suministro de fármacos disponibles en aquel periodo.

Tras la lectura del veredicto, el entorno de la exfuncionaria expresó su satisfacción por el cierre de este proceso legal, reiterando que la actuación de la Secretaría de Salud en su momento siempre tuvo como objetivo principal la optimización de los recursos limitados. Por su parte, las organizaciones de seguridad que promovieron la denuncia han manifestado que analizarán los fundamentos de la sentencia para determinar si presentarán recursos legales adicionales ante instancias superiores para buscar una revisión del caso.